La planta de agroquímicos que la empresa Atanor posee en la ciudad de San Nicolás volvió a quedar en el centro de una causa judicial tras detectarse un vertido no autorizado de efluentes industriales, presuntamente realizado a través de una conexión clandestina, en un área cercana a la barranca del río Paraná.
La inspección fue realizada el pasado 9 de junio por agentes de la Autoridad del Agua (ADA), dependiente del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Según el informe oficial, los inspectores constataron que una bomba instalada dentro del predio arrojaba residuos líquidos directamente al terreno natural, en violación de las normas ambientales vigentes.
El hallazgo fue presentado el 13 de junio durante una audiencia judicial ante la jueza Luciana Díaz Bancalari, quien resolvió elevar la denuncia a la Fiscalía General y a la Fiscalía Federal para determinar si existieron delitos penales. Además, la magistrada solicitó un nuevo informe técnico a la ADA para precisar el impacto ambiental de la descarga.
Desde Greenpeace alertaron sobre la gravedad del caso debido a la proximidad del punto de vertido con el río Paraná, al tiempo que la especialista Agostina Rossi Serra denunció que la empresa “persiste en sus prácticas ilegales, ignora los fallos judiciales y pone en riesgo tanto al ambiente como a la salud pública”.
El abogado del Foro Medio Ambiental (Fomea), Fabián Maggi, calificó el hecho como “criminal” y presentó una medida cautelar solicitando la suspensión inmediata de la producción de efluentes líquidos y la prohibición del uso de fuentes de agua, tanto subterráneas como del propio río.
Atanor ya había sido condenada en 2023 por contaminación ambiental, luego de que se probara el vertido de sustancias tóxicas sin tratar en el mismo cauce fluvial. En marzo de 2024, la planta sufrió la explosión de un reactor, lo que provocó la evacuación de vecinos y la clausura del predio. La producción fue reanudada en noviembre, bajo condiciones impuestas por un plan de gestión ambiental aprobado por autoridades provinciales.
La continuidad de la actividad industrial podría ahora verse comprometida por esta nueva infracción, que pone en duda el cumplimiento del acuerdo judicial que permitió su reapertura.
Comunicado de Atanor
La empresa emitió un comunicado rechazando categóricamente la acusación: “A fin de aclarar algunas informaciones inexactas que han trascendido en los últimos días, Atanor hace saber que el pasado 9 de junio por la mañana en la planta de San Nicolás se detectó la presencia de líquido dentro de la Cámara de Aforo y Toma de Muestras (CATM) instalada dentro del predio, en el marco de una inspección realizada por la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires. El escurrimiento de dicho líquido se produjo, de manera súbita e imprevista, a través de la junta de unión de la cañería de la CATM y quedó colectado en el interior de dicha instalación”, indicó la empresa.
Informó asimismo que, como medida de contingencia de este evento, “se procedió al vaciado de la cañería y posterior drenaje de dicho líquido mediante una bomba de achique (oportunamente declarada ante la ADA) a una superficie pequeña y aledaña a la cámara indicada”.
Aclararon que los procesos que actualmente se desarrollan en la planta “no generan efluentes líquidos industriales” y que el escurrimiento que se produjo el 9 de junio “tuvo su origen en un imprevisto ocurrido en una de las lagunas existentes en el predio (hoy fuera de operación) y que en ningún caso llegó al río Paraná ni a superficies externas a la planta de Atanor”.
Ante la ocurrencia del evento, Atanor informó que activó el procedimiento de contingencia previsto, que se encontraba en curso en el momento de producirse la inspección de la ADA. “Acto seguido, se procedió a informar a las autoridades de control, cumpliendo con todos los requerimientos efectuados por las mismas, y fue también la empresa la que se presentó en el expediente del amparo a fin de informar a la jueza Díaz Bancalari respecto de la situación ocurrida”, añadieron desde la empresa.
Enfatizaron que “en ninguno de los extremos mencionados se advierte ocultamiento o irregularidad alguna, ni mucho menos un obrar ilegal o clandestino por parte de la empresa”.
Por último, el comunicado de la empresa asevera de manera categórica: “Atanor reitera que no incurrió en ocultamiento de información ni proceder delictual alguno, que no desobedeció ninguna orden judicial y/o administrativa y que no existe infraestructura clandestina dentro de su establecimiento. Seguimos firmes en nuestro compromiso con la seguridad operacional, el cuidado del ambiente y la transparencia institucional”.
