El caso podría derivar en acciones judiciales si se comprueban responsabilidades penales o civiles, ya que la ley establece que los miembros de las comisiones comunales son personalmente responsables por los actos irregulares que cometan en el ejercicio de sus funciones.
Un dictamen emitido por la Dirección General de Asesoramiento Jurídico de la Provincia de Santa Fe reveló una serie de irregularidades en la administración de la Comuna de Máximo Paz, ocurridas entre 2019 y la actualidad. El documento analizó denuncias presentadas por un miembro de la minoría de la Comisión Comunal y encontró vicios en contrataciones, manejo de fondos públicos y designaciones de personal, entre otros aspectos. Si bien no ordenó una intervención directa, instó a las autoridades locales a regularizar su gestión bajo los principios de transparencia y legalidad.
Entre las observaciones más relevantes, el informe provincial cuestionó el nombramiento de una empleada de planta permanente sin que se realizara el concurso público exigido por la Ley 9.286, que regula el ingreso al empleo público municipal y comunal. Según el dictamen, la persona en cuestión había renunciado previamente a su cargo como miembro de la Comisión Comunal y fue designada en un puesto administrativo mediante una resolución interna, sin cumplir con los procedimientos formales de selección. La normativa provincial establece que tales designaciones deben garantizar publicidad, mérito y competencia, requisitos que, según el análisis jurídico, no se respetaron en este caso.
Otro punto crítico fue la adquisición de una camioneta en 2020 por un monto superior a los dos millones de pesos, que debió realizarse mediante licitación pública según la Ley 2.439. Sin embargo, la Comuna optó por un concurso de precios, un procedimiento que solo era válido para montos menores. El dictamen señaló que esta irregularidad podría afectar la validez del acto administrativo, aunque no determinó si hubo un interés particular del presidente comunal, Darío Baiocco, en la empresa adjudicataria.
En cuanto al manejo de fondos, el informe detectó inconsistencias en los montos declarados por la Comuna. Mientras las autoridades locales afirmaron haber recibido alrededor de 71 millones de pesos para obras, los comprobantes oficiales mostraron ingresos por más de 143 millones. El dictamen advirtió que, al tratarse de recursos nacionales, corresponde una rendición de cuentas detallada ante el organismo otorgante.
El documento también analizó denuncias sobre contrataciones de servicios sin sustento legal, como el pago de honorarios a abogados cuyas funciones no estaban claramente especificadas en actas comunales. Si bien se adjuntaron facturas y contratos, el dictamen recomendó que tales designaciones sean debidamente documentadas y aprobadas en reuniones de comisión para garantizar transparencia.
Finalmente, se abordó una presunta falta de acceso a información clave, como el reglamento interno de la Comisión Comunal, que finalmente fue adjuntado al expediente. El dictamen recordó que todos los integrantes del cuerpo deliberativo tienen derecho a conocer las normas que rigen su funcionamiento, sin necesidad de intermediación.
A pesar de las irregularidades detectadas, el gobierno provincial no consideró necesario aplicar una intervención directa, tal como lo permite el artículo 39° de la Ley Orgánica de Comunas. No obstante, recomendó formalmente que las autoridades de Máximo Paz ajusten sus prácticas administrativas a la normativa vigente y subsanen las observaciones planteadas.
Cabe aclarar que el caso podría derivar en acciones judiciales si se comprueban responsabilidades penales o civiles, ya que la ley establece que los miembros de las comisiones comunales son personalmente responsables por los actos irregulares que cometan en el ejercicio de sus funciones.
El dictamen fue notificado tanto a la Comuna como al denunciante, y se espera que en los próximos meses se evalúen las medidas correctivas adoptadas por la administración local. Mientras tanto, el caso reaviva el debate sobre los mecanismos de control en los gobiernos comunales y la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
