La controversia entre el Ministerio de Salud de Santa Fe y el Municipio de Villa Constitución por el manejo de los fondos destinados al sistema público de salud suma un nuevo episodio. A comienzos de año, nuestro medio informaba que la Provincia evaluaba judicializar la creación de la Unidad de Gestión de Salud y Bien Público (Ordenanza N° 5337), por considerar que invadía competencias propias del Estado provincial. Sin embargo, en las últimas horas, trascendió extraoficialmente que el Ministerio habría decidido no avanzar con la demanda judicial, pese a contar con fundamentos jurídicos para hacerlo.
La decisión, interpretan algunos actores políticos locales, estaría motivada por el deseo de evitar una confrontación directa con el gobierno municipal. De este modo, se abre un espacio de negociación y diálogo, aunque no exento de tensiones latentes.
La Unidad de Gestión fue creada por el Concejo Municipal mediante la ordenanza sancionada en agosto de 2024, con el objetivo de coordinar y controlar la distribución de los fondos que el Municipio destina a instituciones de salud y de bien público. La norma establece que la Unidad estará conformada por representantes del Ejecutivo municipal, concejales y el Director Médico del Hospital. Se trata de un punto clave: el efector depende directamente del Ministerio de Salud de la Provincia, y su inclusión en un órgano creado y coordinado por el Municipio fue vista como una intromisión en la órbita provincial.
La tensión creció cuando el Ministerio envió notas expresando su disconformidad y advirtió sobre la posibilidad de llevar el caso a la Justicia. No obstante, hasta el momento no se materializó ninguna acción legal. Ahora, con la decisión de dejar en suspenso la judicialización, el Municipio volvió a activar el mecanismo previsto por la ordenanza: en los últimos días, remitió al Concejo una nota (con ingreso formal el miércoles 21 de mayo) que reactiva el funcionamiento de la Unidad de Gestión.
Este gesto del Ejecutivo local sugiere que el gobierno municipal no está dispuesto a dar marcha atrás con su iniciativa, aunque la misma sea objetada por el Ministerio. En cambio, apuesta a consolidar la instancia de gestión mixta que propone la ordenanza, posiblemente con la esperanza de que la Provincia acepte sumarse a una mesa de trabajo en lugar de rechazar el modelo en bloque.
En este contexto, una pregunta se impone: ¿participará el Hospital SAMCo “Dr. Juan Milich” de la próxima reunión de la Unidad de Gestión? Por ahora no hay confirmación oficial. La figura del Director Médico ocupa un lugar central en la estructura de la ordenanza, pero su asistencia o ausencia podría condicionar el rumbo del proceso. Si el hospital no participa, se reforzaría la hipótesis de que la Provincia mantiene su rechazo, aunque sin recurrir a la vía judicial. Si, por el contrario, su representante asiste, podría interpretarse como un giro hacia la cooperación institucional.
Más allá de los detalles técnicos y procedimentales, lo que está en juego es una cuestión de fondo: la articulación entre distintos niveles del Estado en un área tan sensible como la salud pública. ¿Tiene un Municipio la potestad de crear una unidad de gestión que incluya a funcionarios provinciales? ¿Puede la Provincia ignorar una ordenanza municipal que afecta el funcionamiento de una institución bajo su órbita? La tensión entre autonomía municipal y competencias provinciales no es nueva, pero este caso la trae al centro de la escena.
Por ahora, el conflicto se desplaza del terreno judicial al político. El diálogo reemplaza —al menos momentáneamente— a la imposición. Y eso, en un contexto de creciente fragmentación institucional, no deja de ser una buena noticia.
