El pasado 21 de noviembre de 2024, el Presidente de la Nación y el Jefe de Gabinete de Ministros presentaron ante la Cámara de Diputados dos proyectos de ley que representan una amenaza a la pluralidad democrática en Argentina. Estas iniciativas, disfrazadas de reformas estructurales y fortalecimiento electoral, esconden un trasfondo que busca consolidar el poder de los partidos tradicionales y limitar la emergencia de nuevas fuerzas políticas.
El primer proyecto, denominado “Reformas estructurales de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos”, propone modificar la Ley Nº 23.298 con medidas que dificultan la constitución, participación y permanencia de los partidos políticos. Entre las principales modificaciones, se plantea elevar el porcentaje de afiliaciones requeridas para constituir personería jurídica, así como el número de distritos necesarios para alcanzar el reconocimiento como partido nacional. Estas medidas, lejos de fortalecer a los partidos, buscan reducir su cantidad, justificándolo con argumentos despectivos que califican a muchos de ellos como simples “sellos de goma”.
En paralelo, el segundo proyecto, “Reforma para el fortalecimiento electoral”, propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y modificar el régimen de financiamiento de los partidos. Bajo la excusa de reducir el gasto público, se elimina el aporte estatal para las campañas y se facilita el financiamiento privado, abriendo la puerta a un dominio aún mayor de las corporaciones empresariales sobre la política. Además, se endurecen las sanciones económicas contra los partidos menores, un ataque directo que amenaza su supervivencia.
Estas propuestas no son más que un intento por perpetuar las estructuras tradicionales en crisis —el PJ, la UCR, el PRO—, bloqueando el surgimiento de nuevas alternativas. Las medidas para redistribuir los votos en alianzas, por ejemplo, desincentivan la formación de frentes, promoviendo una fragmentación que debilita a las fuerzas emergentes.
En un contexto donde la representación política enfrenta una crisis de confianza, estas reformas solo agravan el problema. Lejos de democratizar el sistema, consolidan una “casta” que, paradójicamente, el oficialismo actual dice combatir. En lugar de fomentar una renovación, se busca excluir a las voces que defienden los intereses de los trabajadores y comunidades marginadas.
Es fundamental que la sociedad argentina tome conciencia del impacto de estas medidas. El retroceso en derechos democráticos y el debilitamiento de los partidos menores no solo afectan a las organizaciones políticas, sino también a la calidad de nuestra democracia. Si permitimos que estas reformas prosperen, estaremos consolidando un sistema donde el poder se concentra cada vez más en manos de unos pocos.
En definitiva, estas reformas representan un retroceso peligroso. Es urgente movilizarse en defensa de la pluralidad política y rechazar esta tentativa de transformar la democracia en un juego excluyente y antidemocrático.
Pablo Sanseverino es el Apoderado nacional del partido Unidad Popular (UP).
