La Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó sanción definitiva a la Ley de Necesidad Pública y también aprobó la creación de un fondo de 15 mil millones de pesos para hacer frente a la pandemia. Además, los diputados redujeron sus salarios.
La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe sancionó este martes, en sesión extraordinaria, la Ley de Necesidad Pública remitida por el gobernador Omar Perotti y una autorización para que el Ejecutivo pueda tomar deuda por un monto máximo de 15 mil millones de pesos para hacer frente a la emergencia por la pandemia del coronavirus Covid-19.
Por un lado, la Ley de Necesidad Pública fue votada solo por los bloques del Partido Justicialista (PJ), Cambiemos y Somos Familia y Vida, mientras que se abstuvieron los legisladores del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS); el Frente Social y Popular (FSyP), liderado por Carlos Del Frade; el bloque Igualdad y Participación, de Rubén Giustiniani; y Somos Vida de Amalia Granata. De este modo, el proyecto que venía con media sanción del Senado se convirtió en ley con 12 votos positivos y 31 abstenciones.
En cambio, el proyecto para enfrentar la pandemia fue apoyado en forma unánime por los 43 diputados y diputadas presentes.
A través de la Ley de Necesidad Pública –que se terminó aprobando en forma definitiva después de cuatro votaciones, dos en el Senado y dos en la Cámara de Diputados– se declaró hasta fin de año la emergencia social, alimentaria, sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad.
Esa norma incluye un esquema de financiamiento de 39 mil millones de pesos, entre créditos externos, reprogramación de deudas y reasignación de partidas presupuestarias. Entre los puntos centrales de la ley se incluye un programa de emergencia alimentaria para el cual la provincia podrá tomar un crédito de hasta 2.500 millones de pesos y un programa de fortalecimiento sanitario, también por 2.500 millones de pesos, para el sistema de salud pública.
Además, para saldar deuda flotante con proveedores y deudas con contratistas de obras públicas, la provincia podrá negociar un crédito de 6.000 millones de pesos. Con esos recursos se ofrecerán a los acreedores “papeles negociables” (pagarés o cheques diferidos) para cancelar las deudas. De esa cifra, 1.600 millones de pesos se destinarán a municipios y comunas.
Por otra parte, con el objetivo de recomponer el FUCO (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales), se autorizó a la Provincia a tomar un crédito por 16.000 millones de pesos: un primer tramo de 8.000 millones y luego dos tramos de 4.000 millones, previa autorización de la comisión legislativa de seguimiento.
La ley también crea un régimen transitorio de asistencia financiera a municipios y comunas por 3.500 millones de pesos. De ese total, 300 millones corresponden a un programa de saneamiento financiero para los municipios de segunda categoría y comunas. Del resto (3.200 millones), el 60% (1.900 millones) se distribuirán entre Rosario (1.400 millones) y Santa Fe (500 millones), el 30% para los municipios de segunda categoría y el 10% restante para las comunas.
