Más allá de los debates actuales, y no tan actuales, sobre el futuro del trabajo y la sociedad post salarial, sabemos que el trabajo continúa siendo la principal fuente de ingresos, corrientes (es decir salarios y remuneraciones provenientes de actividades por cuenta propia) o diferidos (es decir prestaciones del sistema previsional), para la gran mayoría de la población. Por lo tanto, cualquier desequilibrio que experimenta la situación laboral acaba reflejándose, tarde o temprano, en las condiciones materiales de vida de las personas. (ver Cuadro I)
Cuadro I . Total, nacional urbano. Hogares según fuente de ingresos (en miles de hogares y porcentajes)
Un criterio para analizar la situación socio-ocupacional remite al análisis de tres dimensiones, centrales: el nivel de actividad económica -dado que un adecuado ritmo de crecimiento del producto constituye un factor necesario en la generación de nuevos puestos de trabajo; la cantidad y calidad de ocupaciones que genera la economía en comparación con el número de personas que quieren o necesitan trabajar y la incidencia de la pobreza, en tanto parte de la población con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades materiales básicas.
La actividad económica evidencia signos de recuperación, luego de la catástrofe socioeconómica que implicó la pandemia de COVID19, que profundizó la caída que venía produciéndose desde 2018 y 2019.
¿Más y mejor trabajo?
Según los datos disponibles, en los últimos meses se observa un proceso de creación de empleo formal privado que ha llevado a la recuperación de la totalidad de los empleos registrados perdidos durante la pandemia y una parte importante de los despidos a lo largo de 2019. Este hecho se asocia a la evolución positiva de la actividad económica destacada en el punto anterior.
Pero ¿son estas ocupaciones suficientes, en cantidad y calidad, comparadas con las personas que quieren y/o necesitan trabajar?
Durante el primer trimestre de 2022, las condiciones del mercado laboral del total de aglomerados urbanos relevados por la EPH mostraban signos de recuperación respecto a los años anteriores a partir de un aumento de la tasa de empleo y una disminución de la tasa de desocupación y subocupación (ver Cuadro II).
Una lectura global de los datos permite constatar un proceso de mejoría en la situación ocupacional en términos cuantitativos a partir de, por ejemplo, un crecimiento del 5 por ciento de los puestos de trabajo (600mil) en el último año. Éste permitió absorber a la totalidad de la expansión de la fuerza de trabajo e incorporar, al mismo tiempo, a más de 400mil personas desocupadas, reduciéndose el desempleo en más de un 43 por ciento. (ver Cuadro III)
No obstante, este avance resulta insuficiente si se dirige la mirada hacia la calidad de las ocupaciones generadas por la actividad económica. En este sentido, el cuadro de situación en el primer trimestre de 2022 —último dato disponible— nos muestra que una de cada diez personas que buscan trabajo no lo consiguen y entre quienes trabajan, cuatro lo hacen como asalariadas formales, tres como asalariadas informales y dos como cuentapropistas. Es decir, nos encontramos con más de un 50 por ciento de ocupaciones precarias asociadas a situaciones de desprotección, inestabilidad y bajos ingresos.
Cuadro II . Principales tasas del mercado de trabajo. Total 31 aglomerados urbanos. 2017 – 2022 (primeros trimestres)
Cuadro III . Población total, PEA, Ocupados, Desocupados y Subocupados. En miles de personas. Total aglomerados EPH. 2017 – 2022 (primeros trimestres)
Cuadro IV. Categoría ocupacional y precariedad laboral. Total aglomerados EPH. 2022 (primer trimestre)
Trabajadoras y trabajadores pobres
La insuficiencia de los ingresos generados por el empleo en un contexto inflacionario.
Dentro del período reciente, el 2017 fue el último año en el que el Índice de Salarios (IS) varió en sintonía con el Índice de Precios al Consumidor (IPC); es decir que, en promedio, se mantuvo la capacidad adquisitiva de los ingresos por el trabajo asalariado. A partir de allí, el derrotero fue todo cuesta abajo. Los salarios aumentaron, en términos nominales, menos que los precios. Es decir, la capacidad de consumo de las remuneraciones viene disminuyendo mes tras mes durante los últimos cuatro años y aumentan las situaciones de salarios por debajo de la línea de pobreza. Esta caída en el poder adquisitivo no afecta por igual a todos los sectores. En un espacio tan heterogéneo como el de las oportunidades laborales generadas por la economía argentina, algunos perdieron más que otros. El sector con un índice de salarios más bajo respecto al IPC es el del sector privado no registrado (-31,7 por ciento). En segundo lugar se encuentra el del sector público (-20,2 por ciento) y por último, el del sector privado registrado (-14,3 por ciento).
Esta pérdida del salario real se torna un tema acuciante en la coyuntura actual cuando la inflación de julio fue del 7,2 por ciento y las proyecciones de aumentos de precios no cambian. En este marco se inscriben las crecientes demandas de las organizaciones gremiales y sociales que reclaman por aumentos de salarios capaces, como mínimo, de afrontar los aumentos en los precios de los bienes y servicios de la canasta básica.
En este contexto, sin mediar una recomposición de salarios e ingresos, es esperable que los hogares vean afectadas sus condiciones materiales de vida y se extiendan el número y proporción de personas debajo de la línea de pobreza.
Para concluir, la extensión del fenómeno trabajadoras y trabajadores pobres desgasta las bases de apoyo de la coalición que gobierna el país desde 2003 —con la excepción del interregno macrista— cuyo rasgo distintivo ha sido la puesta en acción de un proyecto político que vincule el campo de la actividad económica y el empleo con las condiciones materiales de vida de la población, a través de la participación activa del Estado. El proyecto político de la economía llevado a cabo por estas gestiones situó al trabajo como articulador de las esferas económica y social, como fuente de ingresos y elemento esencial de la ciudadanía. Por ello, sin duda, uno de los grandes desafíos que enfrenta el nuevo gabinete económico es mejorar el bolsillo de la población argentina. Para ello es central reducir la inflación —que mes a mes socava el poder adquisitivo de la mayoría de los hogares—, recomponer las remuneraciones al trabajo y los haberes de la seguridad social e implementar políticas económicas que contribuyan a la generación de empleos genuinos en cantidad y calidad.
Paula Durán es licenciada en Ciencia Política y Magíster en Políticas Sociales. Coordinadora de la Usina de Datos de la UNR. Docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Artículo publicado originalmente en el diario La Capital, de Rosario.
