El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Gabriel Savino, recibió a Ivana Dibert y Cristina Recabarren, integrantes del Colectivo de Discapacidad, que nuclea a numerosas organizaciones de prestadoras de servicios para personas con discapacidad, quienes manifestaron las dificultades relativas a la relación con las obras sociales, que muchas veces implican cuestiones administrativas que poco tienen que ver con el ejercicio de su profesión.
“En el encuentro abordamos diferentes puntos. Entre ellos, señalaron el desfasaje en el valor de los aranceles, ya que, si bien recientemente el Estado nacional autorizó un aumento, manifestaron que este quedó totalmente atrasado por los largos períodos sin incrementos”, explicó Savino tras la reunión.
Al respecto, el defensor agregó que desde el Colectivo de Discapacidad también plantearon “demoras en las autorizaciones”, en las que “muchas veces los afiliados presentan documentación para autorizaciones anuales y les responden a los 3 o 4 meses, a veces en forma afirmativa y retroactiva, pero otras sin retroactivo o directamente negativa”. Y alertó que se trata “de prestaciones que no pueden interrumpirse porque esto puede producir un gravamen irreparable a la persona con discapacidad, muchas veces niñas, niños y adolescentes”.
En la reunión también se trataron las demoras en los pagos de prestaciones autorizadas. Según señalaron desde el Colectivo, son habituales las demoras de hasta 1 año en el pago por parte de las obras sociales, con lo cual el sistema se torna insostenible por la actual inflación.
También se abordaron ciertas situaciones particulares de Iapos, como la falta de reconocimiento de prestaciones de apoyo a la integración escolar, cubriendo en su lugar acompañamiento terapéutico a un valor que consideran irrisorio y por reintegro. En este caso desde la obra social provincial entienden que la integración escolar debería cubrirla el Ministerio de Educación, pero esta dependencia alega no tener personal suficiente. “Esta situación hace que los niños con discapacidad no puedan ser incluidos educativamente”, alertó Savino.
El defensor, en tanto, expuso acerca de las gestiones concretas realizadas sobre el tema, como la participación en la Comisión de Trabajo para la modificación de la Ley Nacional de Discapacidad, que se debería debatir en los próximos meses. Asimismo, se comprometió a continuar ocupándose de la temática y propuso conformar mesas de trabajo con los colegios de profesionales que abordan prestaciones para personas con discapacidad, a los fines de aunar el pedido e interceder ante las autoridades, lo cual todas las partes consideraron de vital importancia.
En ese sentido, adelantó que enviará notas a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la Superintendencia de Seguros de Salud y el Ministerio de Salud nacional para poner a las dependencias en conocimiento de todos los inconvenientes planteados por el Colectivo de Discapacidad.
