Entre los 25 acusados de crímenes cometidos contra trabajadores metalúrgicos y ferroviarios se encuentra el exjefe de personal de Acindar, Roberto Pellegrini. También se investiga a otros ejecutivos de la empresa siderúrgica, a miembros de la Triple A y la Juventud Sindical, además de policías y militares que participaron de la represión ilegal.
El Juzgado Federal N° 4 de Rosario, a cargo del Dr. Marcelo Bailaque, elevó a juicio oral y público un expediente que se refiere a la represión desatada en marzo de 1975 contra trabajadores y trabajadoras de Villa Constitución con posterioridad a las protestas por reclamos laborales en esta ciudad, conocidas como “El Villazo”.
Con su pronunciamiento, el juez Bailaque dio curso al requerimiento de elevación a juicio formulado el año pasado por la Unidad Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, a cargo del fiscal general Adolfo Villatte.
Cabe destacar que en esta causa llegarán a juicio 25 acusados, de los cuales 24 no cuentan con condenas por crímenes de lesa humanidad. Uno de ellos es el exjefe de personal de la empresa metalúrgica Acindar, Roberto Pellegrini.
La fiscalía consideró a los acusados -la mayoría exmiembros de fuerzas de seguridad- como autores de la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas contra 50 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios durante la represión desatada a partir del 20 de marzo de 1975 en esta zona industrial.
Curar las heridas
“Es importante el apoyo de toda la sociedad de Villa Constitución en una causa que provoca mucho dolor, porque hacer reflotar las heridas nunca es gratuito, pero una sociedad que pretende progresar sin haber curado sus heridas, no crece sana”, sostuvo el fiscal Villatte cuando, en marzo de 2019, participó en una audiencia que se desarrolló en el Centro de Jubilados Metalúrgicos de Villa Constitución, a la que asistieron protagonistas del Villazo, familiares y víctimas del Terrorismo de Estado, directivos de la UOM local, dirigentes políticos, sindicales y sociales, docentes e investigadores.
En aquella oportunidad, poco antes que comenzaran las indagatorias, el Fiscal señaló que existían muchos argumentos para “afirmar la existencia de una connivencia entre ejecutivos de Acindar y los autores materiales de esa represión”, para luego recordar que la siderúrgica es una de las 25 empresas en todo el territorio nacional que han sido señaladas en el Informe de Responsabilidades Empresariales, elaborado por una serie de organizaciones no gubernamentales.
“Hubo numerosos elementos determinantes que fueron evaluados para hacer esa afirmación sobre la connivencia de los ejecutivos de Acindar. El más notable, sin dudas, era la existencia de un centro clandestino de detención dentro de la planta, conocido como el albergue de solteros”, comentó Villatte.
También mencionó que las acciones represivas eran concretadas “en los domicilios que solamente estaban denunciados en los legajos del personal de la empresa; la circunstancia de que fueron registrados y allanados los casilleros de muchos trabajadores, además de la presencia de personal policial en el ingreso con listados de quienes debían ser secuestrados”.
Entre los elementos que derivaron en los pedidos de indagatoria se incluyó documentación que permitía comprobar el pago de sobresueldos a personal de la Policía Federal.
La participación de Acindar tiene otros indicadores que ya fueron señalados en numerosas oportunidades: en el período represivo iniciado el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución, el presidente del Directorio de la siderúrgica era José Martínez de Hoz, quien luego se desempeñó como uno de los ministros paradigmáticos de la dictadura cívico militar.
“Una dictadura que facilitó la conformación del duopolio Siderca – Acindar, que también nos remite a esa responsabilidad empresarial”, dijo Villate.
Finalmente sostuvo que lo ocurrido en Villa Constitución “no debe tratarse como hechos aislados de privación ilegítima de la libertad, torturas o asesinatos, sino que debe analizarse lo que sucedió en toda su profundidad, incluidas las motivaciones -ya sean económicas o políticas- y también pensar en esto como un anticipo de lo que sucedería durante la dictadura”.
“Hubo una represión masiva que, en estos términos, no se dio en ningún otro punto del país, no con esta magnitud. Por eso también tenemos que analizar su trascendencia en nuestro presente”, consideró.
“No debemos ver lo que sucedió en Villa Constitución como una fotografía sino como una película, como algo que nos modificó como sociedad y que tiene una trascendencia hasta el día de hoy, porque también podemos preguntarnos si los mecanismos que se utilizan en la actualidad en nuestro país están cruzados por lo que sucedió hace 40 años”, concluyó el fiscal Villate.
