El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Pablo Farías, destacó la aprobación unánime de una norma “que asegura la contención y protección de las personas que han sufrido algún tipo de vulneración y sus familiares en todas las instancias donde el Estado tiene que intervenir”.
La Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe dio media sanción por unanimidad este jueves a un proyecto de Ley que establece “los principios rectores que deben observar los funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado y auxiliares de justicia en relación con las personas que hayan sido víctimas de delitos”.
El presidente del cuerpo legislativo, Pablo Farías, uno de los impulsores de la iniciativa, destacó la aprobación de la norma “que asegura la contención y protección de quienes han sufrido algún tipo de vulneración y sus familiares en todas las instancias donde el Estado tiene que intervenir”.
“En un momento donde se multiplican los hechos de violencia, fundamentalmente en las ciudades más importantes como Rosario y Santa Fe, esta norma viene a completar la legislación que actualmente existe en la materia y responde a lo que las asociaciones de víctimas vienen reclamando para que se atienda mejor estas circunstancias”, contextualizó el legislador.
“Después de un tratamiento en distintas comisiones de esta cámara, es muy importante darle media sanción a este proyecto”, remarcó Farías y detalló los aspectos principales. En tal sentido, mencionó “la obligación de informar acabada y debidamente todo lo que está sucediendo alrededor del hecho ilícito cometido, protegiendo a la víctima de las distintas circunstancias que se dan en relación a las personas que son sindicadas como autores de los delitos y luego, a los imputados. Muchas veces si no se cuidan esas situaciones, durante el proceso judicial las víctimas o sus familiares tienen se cruzan o están expuestos a presiones por parte de los victimarios. Estas situaciones, cuando se sancione la ley, habrá que evitarlas”.
La norma también apunta a que el Estado “asegure que, en las distintas instancias preventivas, ya sea cuando intervienen la policía y los fiscales, o después en el proceso judicial, o aún en el cumplimiento de las penas, se respeten y se resguarden los derechos de las víctimas”.
En ese orden, el proyecto reconoce y garantiza el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y en la Ley Nacional de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos N° 27.372.
