La jueza Marisol Usandizaga les dio 90 días a los manifestantes para que dejen de bloquear la fábrica con neumáticos. Los acusa de impedir que la empresa y los trabajadores que siguen adentro puedan funcionar con normalidad.
La orden cayó como un baldazo de agua fría en el acampe de calle San Luis. Los trabajadores despedidos de Gentec y Plantium, que llevan semanas sosteniendo la protesta frente a la fábrica, ahora tienen una orden judicial encima: deben dejar de bloquear los accesos a la planta. La jueza Marisol Usandizaga hizo lugar al pedido del fiscal Ramiro Martínez y dispuso el cese inmediato de cualquier acción que impida el normal funcionamiento de la empresa.
La medida alcanza a cinco trabajadores que fueron imputados formalmente por la Justicia. Según la acusación, el 17 de noviembre, cuando la empresa anunció que entraba en concurso de acreedores, los manifestantes colocaron candados en los portones y neumáticos para trabar la apertura de las entradas. La fiscalía sostiene que esa modalidad se mantuvo hasta el día de la fecha y que los identificaron a través de las cámaras de seguridad de la planta y de registros periodísticos.
La medida judicial no prohíbe la protesta en sí, sino que ordena lo que los abogados llaman "el cese del estado antijurídico". En palabras simples: la empresa tiene derecho a seguir funcionando, y los trabajadores deben abstenerse de impedir el ingreso de personas, vehículos o mercaderías por un plazo de 90 días. Si vuelven a bloquear, podrían enfrentar consecuencias penales más graves.
El delito que se les imputa a los cinco trabajadores se conoce como "turbación de la posesión" y está previsto en el artículo 181 del Código Penal. La jueza Usandizaga lo explicó con un ejemplo muy claro: "Si yo pongo mi vehículo frente a la puerta de la casa de cualquiera de ustedes impidiéndole salir, yo no estoy ejerciendo ninguna conducta violenta, pero estoy turbando la libre circulación". Trasladado a la fábrica, la magistrada señaló que al impedir el ingreso a un lugar de trabajo se está atentando contra la posibilidad de que los demás puedan trabajar.
La resolución también advirtió que este tipo de bloqueos lo único que logra es empeorar la situación de los propios imputados. Los cinco trabajadores ya están en una situación familiar y laboral complicada, y ahora deberán afrontar un proceso penal que podría tener consecuencias en el futuro.
Los imputados fueron notificados de la medida y quedaron a disposición de la Justicia, asistidos por el defensor público Facundo Principiano.

