Un proyecto presentado por los concejales Bracalenti y Martín (PS-Unidos) solicita explicaciones sobre modificaciones de partidas, gastos registrados sin crédito presupuestario asignado, obras con baja ejecución y resultados financieros deficitarios. Entre los puntos observados figura un incremento de $409 millones en el presupuesto de una obra de pavimentación. También reclaman documentación sobre el destino de fondos afectados a infraestructura y advierten que el Concejo no habría recibido todos los informes mensuales previstos. Los planteos deberán ser contrastados con las explicaciones y los documentos que aporte el Departamento Ejecutivo.
La administración de los recursos públicos de Villa Constitución quedó bajo cuestionamiento a partir de un proyecto de minuta de comunicación presentado por los concejales Francisco Bracalenti y Diego Martín (PS-Unidos), quienes solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal una serie de explicaciones sobre la ejecución del presupuesto 2026. El documento, ingresado este martes, reúne observaciones sobre modificaciones presupuestarias, gastos registrados en determinadas partidas, niveles de ejecución de obras y resultados financieros que, según los firmantes, requieren aclaraciones y documentación respaldatoria.
El planteo abarca distintas áreas de la administración municipal y pone el foco en una cuestión central: conocer cómo se están utilizando los fondos públicos, qué procedimientos se aplicaron para modificar las previsiones de gastos aprobadas por el Concejo y cuál es la situación financiera del Municipio a pocos meses del cierre del ejercicio.
Entre los datos que fundamentan el pedido se encuentra el aumento de $409.445.000 en el crédito presupuestario de una obra de pavimentación, junto con la identificación de dos partidas que presentan créditos negativos. A esto se suman tres partidas en las que, de acuerdo con el expediente, se registraron gastos devengados sin crédito presupuestario asignado, así como obras de infraestructura con niveles de ejecución que los concejales consideran reducidos.
El proyecto no constituye una determinación administrativa o judicial sobre la existencia de irregularidades. Se trata de un requerimiento de información y explicaciones para que el Ejecutivo documente las decisiones adoptadas y permita al Concejo ejercer sus funciones de control. Sin embargo, la cantidad de observaciones y la magnitud de algunos de los montos involucrados abren interrogantes sobre la gestión presupuestaria que el gobierno municipal deberá responder.
Una obra de pavimentación con un aumento de $409 millones
Uno de los principales puntos del expediente está relacionado con la obra de pavimentación de calle 14 de Febrero, entre Av. San Martín y Colón.
Según los datos citados por los concejales, el presupuesto original de esa obra era de $507.843.000. Sin embargo, el crédito vigente que figura en los registros analizados asciende a $917.288.000. La diferencia entre ambos valores es de $409.445.000, lo que representa un incremento cercano al 81% respecto de la previsión inicial.
La modificación presupuestaria, por sí sola, no demuestra que se haya cometido una irregularidad. Los presupuestos pueden experimentar modificaciones durante el ejercicio, siempre que se respeten los procedimientos y las normas correspondientes. La cuestión planteada por los autores del pedido de informes es cómo se instrumentaron esos movimientos, cuáles fueron las autorizaciones utilizadas y dónde se encuentran los actos administrativos que los respaldan.
El expediente también informa que el gasto devengado acumulado para esa obra alcanzaba los $624.271.554,87 al 30 de septiembre de 2026. En términos sencillos, el devengado representa el gasto que se reconoce como una obligación correspondiente a bienes recibidos, servicios prestados u otras operaciones que reúnen las condiciones para su registración, aunque el pago efectivo pueda producirse en otro momento.
Ese monto supera en más de $116 millones el crédito que había sido aprobado originalmente para el proyecto. No obstante, para interpretar correctamente esa diferencia debe considerarse que el crédito vigente informado es superior al presupuesto inicial y que la comparación entre ambos valores no permite, por sí misma, establecer si los gastos fueron realizados de manera irregular.
El cuestionamiento de los concejales apunta precisamente a reconstruir el recorrido administrativo de las modificaciones y conocer las razones que las motivaron.
Los movimientos presupuestarios bajo observación
Para explicar el incremento, el expediente identifica tres movimientos vinculados con otras partidas del programa de Obras de Infraestructura Vial y Pluvial.
Por un lado, señala una reducción de $120.000.000 en el proyecto denominado “Obra en Caminos Rurales – Calle I. Malvinas Norte”. Por otro, registra créditos negativos de $200.000.000 en la partida “Obrador Teniente Ramos” y de $89.445.000 en “Pavimento Dorrego entre 14 de Febrero”.
Los tres movimientos suman exactamente $409.445.000, el mismo importe que se agregó al crédito presupuestario de la obra de calle 14 de Febrero.
Esta coincidencia constituye uno de los aspectos centrales del pedido de informes. Los firmantes quieren conocer los instrumentos administrativos mediante los cuales se realizaron las modificaciones, las normas que las autorizaron, las fechas en que se dispusieron y la justificación de los movimientos.
También solicitan información detallada sobre las erogaciones imputadas a la obra de pavimentación, incluidos los proveedores, los procedimientos de contratación, los montos, las fechas, los números de expediente y el avance físico de los trabajos.
El objetivo es determinar cómo se pasó del presupuesto originalmente aprobado al crédito vigente y contar con documentación que permita verificar la correspondencia entre las registraciones presupuestarias, las contrataciones y la ejecución de la obra.
El planteo incluye, además, la necesidad de conocer la situación del proyecto de caminos rurales y si existe una reprogramación prevista para su ejecución.
Tres partidas con gastos por más de $137 millones
Otra de las observaciones se refiere a tres partidas en las que, según el expediente, se registraron gastos devengados durante junio de 2026 sin contar con crédito presupuestario asignado ni estar previstas en el Anexo VI de la Ordenanza 5.444.
Los montos consignados son los siguientes:
- Mantenimiento de la Red de Agua: $74.374.630,89.
- Mantenimiento del Servicio Cloacal: $46.297.600,22.
- Ampliaciones y Recambio en Infraestructura: $16.784.361,94.
En conjunto, las tres partidas reúnen gastos devengados por $137.456.593,05.
La observación requiere una explicación porque el presupuesto constituye la herramienta mediante la cual se autorizan y ordenan los gastos del Estado. Cada partida identifica un destino y dispone de un crédito que establece el límite presupuestario correspondiente, sujeto a las modificaciones que puedan realizarse conforme a las normas vigentes.
Cuando una registración aparece asociada a una partida sin crédito asignado, resulta necesario conocer cómo se autorizó el gasto, qué procedimiento se utilizó para imputarlo y si existieron modificaciones presupuestarias u otros actos administrativos que lo respalden.
Por ese motivo, los concejales solicitan el detalle de las operaciones, la identificación de los proveedores, los montos y las fechas, además de los actos administrativos que habrían autorizado los gastos y las eventuales reasignaciones de recursos.
También requieren que se informe la fecha prevista para regularizar las registraciones observadas.
El dato debe interpretarse con cautela: la existencia de gastos devengados en una partida que aparece sin crédito presupuestario asignado no permite concluir automáticamente que las erogaciones sean ilegales. Para establecerlo es necesario examinar la documentación de cada operación, las autorizaciones existentes y las disposiciones presupuestarias aplicables. Precisamente, esa información es la que los firmantes pretenden obtener.
Obras con niveles de ejecución considerados bajos
El expediente también cuestiona el grado de ejecución presupuestaria de cuatro partidas vinculadas con obras y tareas de infraestructura.
En el caso del Frente Costero, el crédito vigente informado asciende a $378.000.000, mientras que el gasto devengado alcanza los $45.995.000. En la partida correspondiente a la bajada del barrio Unión y terraplenes, sobre un crédito de $300.000.000, se registraron $28.758.361,16.
La partida de Cordón Cuneta presenta un crédito de $391.865.000 y un devengado de $48.955.061,30. Por su parte, la correspondiente a Emergencia Climática e Infraestructura Urbana cuenta con $100.000.000 de crédito presupuestario y registra gastos devengados por $50.614.968,16.
Los números muestran diferencias importantes entre los créditos disponibles y los gastos reconocidos hasta el período informado. Sin embargo, no deben confundirse los porcentajes de ejecución presupuestaria con el avance físico de las obras: ambos indicadores están relacionados, pero no son equivalentes.
Una obra puede presentar gastos concentrados en determinadas etapas, demoras administrativas o contrataciones que todavía no se traducen en obligaciones devengadas. También puede haber dificultades de ejecución que requieran explicaciones. Para distinguir entre esas posibilidades hace falta conocer el estado concreto de cada proyecto.
Por eso, el pedido incluye información sobre el avance físico, los contratos vigentes, los procedimientos de contratación en trámite, los cronogramas previstos hasta el 31 de diciembre y las razones que explicarían los niveles de ejecución observados.
En relación con el Frente Costero, los concejales señalan que la ejecución no habría registrado variaciones desde el 30 de abril. Respecto de Emergencia Climática e Infraestructura Urbana, indican que no se habrían registrado nuevos gastos devengados entre el 30 de abril y el 31 de julio.
La información solicitada permitirá establecer si esas situaciones responden a los tiempos propios de las obras, a modificaciones en su planificación, a dificultades administrativas o a otros factores que el Ejecutivo deberá precisar.
El resultado financiero y las dudas sobre el cierre del año
Las observaciones no se limitan a proyectos específicos. El expediente también plantea interrogantes sobre la situación financiera general del Municipio y la evolución de sus cuentas durante 2026.
De acuerdo con los datos del cuadro de ejecución correspondiente a septiembre, citados por los firmantes, el resultado operativo fue de -19,13%, el resultado total de -27,90% y el resultado de caja de -25,81%.
Los tres indicadores aparecen con signo negativo en la documentación mencionada. Para determinar con precisión qué representa cada porcentaje, cuáles son las variables utilizadas y cómo se calcularon los resultados, es necesario revisar las planillas originales y su metodología.
El expediente también señala que, al 30 de septiembre, los recursos corrientes percibidos sumaban $27.239.746.667,38, equivalentes al 62,1% de lo estimado para todo el ejercicio.
En términos simples, los recursos percibidos son los ingresos que efectivamente ingresaron a las cuentas municipales durante el período. El presupuesto anual, en cambio, contempla una estimación de los recursos que se espera recaudar durante todo el año.
El hecho de que, a septiembre, se haya percibido el 62,1% de lo previsto debe analizarse teniendo en cuenta el calendario de recaudación, la evolución de los ingresos y el ritmo de ejecución del gasto. Ese porcentaje, considerado aisladamente, no alcanza para establecer si la recaudación es insuficiente o si existe un desequilibrio financiero.
La preocupación de los concejales se apoya, además, en las variaciones que registraron los resultados mensuales. El expediente menciona un resultado total de -0,55% en abril, -49,08% en junio, -24,63% en julio, +0,14% en agosto y -27,90% en septiembre.
Esa evolución refuerza, a criterio de los concejales socialistas, la necesidad de contar con una explicación sobre el comportamiento de los ingresos y gastos y las perspectivas para los últimos meses del año.
Un aspecto importante es que el resultado presupuestario y la disponibilidad de dinero para pagar obligaciones no son exactamente lo mismo. Una administración puede haber reconocido gastos que todavía no pagó, así como contar con ingresos que aún no se percibieron. Por eso, conocer el resultado de los cuadros de ejecución no basta para determinar cuánto dinero hay disponible ni cuál es el monto total de las obligaciones pendientes.
En este punto, los concejales solicitan una proyección financiera al cierre del ejercicio, el detalle de los gastos devengados que aún no fueron pagados, su antigüedad y los saldos disponibles en caja y bancos.
También quieren conocer qué medidas prevé adoptar el Departamento Ejecutivo frente a los resultados informados y cómo proyecta afrontar las obligaciones pendientes hasta el cierre de 2026.
La respuesta permitirá contar con elementos para evaluar si los desequilibrios que muestran los indicadores son transitorios o si requieren medidas de mayor alcance.
Un informe mensual que sigue pendiente
Entre los pedidos figura también la remisión del cuadro de ejecución presupuestaria correspondiente a mayo de 2026, que los firmantes afirman no haber recibido.
La presentación reclama que ese informe sea remitido al Concejo y que, en adelante, los reportes mensuales se presenten dentro de los plazos establecidos por la normativa contable.
La disponibilidad de esa información es relevante porque los informes periódicos permiten comparar lo presupuestado con lo efectivamente recaudado y gastado, observar las modificaciones realizadas y detectar posibles desvíos durante el ejercicio.
Sin esa continuidad, el análisis de la evolución de las cuentas puede quedar incompleto. Un informe aislado permite observar una situación en una fecha determinada, pero la comparación entre períodos es la que ayuda a comprender cómo se llegó a ese resultado.
Los fondos para infraestructura y el destino de los recursos
Otro capítulo del expediente se refiere a los recursos que tienen una afectación específica para obras públicas.
Los concejales consignan que al 30 de septiembre se habían percibido $327.731.666,83 correspondientes a la Contribución Especial para Obras de Infraestructura Pluvial (C.E.P.O.I.P.) y $328.850.967,56 provenientes del Fondo Municipal de Obras Públicas (F.M.O.P.).
En este caso, la discusión no se limita a cuánto dinero ingresó, sino que apunta a conocer cómo se utilizaron esos recursos y a qué obras, partidas o servicios fueron destinados.
Cuando una contribución o un fondo tiene una afectación específica, su aplicación debe analizarse a la luz de las normas que establecen su destino. Por eso, la información sobre la recaudación debe complementarse con el detalle de las erogaciones realizadas y su correspondiente respaldo administrativo.
Los firmantes también cuestionan la imputación de $469.510.000 a la actividad denominada “Planta de Cloacas” en el Anexo VI de la Ordenanza 5.444. Solicitan que el Ejecutivo explique cómo se compatibiliza esa asignación presupuestaria con el destino específico de los recursos previsto en el artículo 5º de la misma ordenanza.
A esto se suma un antecedente legislativo: los concejales señalan que la Ordenanza 5.455, en su artículo 24, ya había requerido información sobre esta cuestión y que, según lo expuesto en el expediente, esa respuesta continuaba pendiente.
La documentación solicitada debería permitir conocer los ingresos percibidos, las partidas a las que fueron imputados, los gastos efectivamente realizados y las normas utilizadas para determinar su destino.
Cabe señalar que, hasta contar con esa información, no corresponde afirmar que los fondos hayan sido utilizados de manera indebida. Lo que está planteado es un pedido de aclaración sobre su aplicación y sobre la compatibilidad entre las asignaciones presupuestarias y las afectaciones específicas.
Qué deberá responder el Ejecutivo
La minuta de comunicación solicita que las áreas competentes de la administración municipal aporten documentación y explicaciones sobre los distintos puntos observados.
Para los pedidos vinculados con las modificaciones presupuestarias del programa de infraestructura vial y pluvial y con los gastos registrados en las tres partidas sin crédito asignado, el proyecto establece un plazo de 15 días hábiles desde la recepción de la minuta.
El resto de los artículos requiere información sobre las modificaciones presupuestarias del ejercicio, la ejecución de obras, la situación financiera, los informes mensuales y el destino de los fondos afectados a infraestructura.
El planteo busca que las respuestas no se limiten a explicaciones generales, sino que incluyan los actos administrativos, las normas, los expedientes, las contrataciones y los registros contables que permitan reconstruir las operaciones cuestionadas.
La diferencia es sustancial: una explicación política puede exponer los motivos de una decisión, pero la documentación respaldatoria permite verificar cómo se instrumentó y si se ajustó a los procedimientos correspondientes.
El Ejecutivo tendrá así la posibilidad de aclarar las observaciones, aportar los antecedentes que considere pertinentes y explicar las diferencias entre los créditos originales, los vigentes y los gastos registrados.
Un pedido de explicaciones que abre interrogantes sobre la gestión
El proyecto presentado por Bracalenti y Martín reúne una serie de cuestionamientos que abarcan desde movimientos puntuales de partidas hasta la situación financiera general del Municipio. El denominador común es la necesidad de conocer con mayor detalle cómo se ejecuta el presupuesto aprobado y qué documentación respalda las decisiones adoptadas durante el ejercicio.
El aumento de $409 millones en el crédito de una obra de pavimentación, los $137,4 millones devengados en tres partidas que, según el expediente, no contaban con crédito presupuestario asignado, los niveles de ejecución de determinadas obras y los resultados financieros negativos constituyen los principales elementos sobre los que los concejales reclaman explicaciones.
A esos puntos se agregan las dudas sobre el destino de los fondos afectados a infraestructura y la falta de algunos informes que, según sostienen los firmantes, deberían haber sido remitidos al Concejo.
La relevancia del planteo reside en que el presupuesto no es solamente una previsión contable: es una herramienta de planificación y control de los recursos que administra el Estado municipal. Sus modificaciones, la ejecución de los gastos y la evolución de las cuentas deben poder ser examinadas a partir de información clara y verificable.
Por ahora, el expediente expone las observaciones de los concejales y detalla los datos en los que apoyan sus pedidos. La existencia de irregularidades, su eventual alcance y las responsabilidades que pudieran corresponder no pueden darse por establecidas sin revisar la documentación y las respuestas oficiales.
Lo que sí queda planteado es un conjunto de preguntas concretas sobre la administración de los fondos públicos de Villa Constitución. Las explicaciones del Ejecutivo y los documentos que aporte serán determinantes para establecer si las diferencias observadas responden a modificaciones debidamente autorizadas, a cuestiones de registración que deben corregirse o a situaciones que requieren otro tipo de intervención.
En definitiva, el reclamo pone sobre la mesa una exigencia básica de la administración pública: que las decisiones sobre el presupuesto puedan explicarse, documentarse y someterse al control institucional.
