El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Los cambios incorporados mantienen los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y modifican los procedimientos de expropiación y desalojo. La iniciativa debe regresar al Senado.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional, con modificaciones que incluyen la restitución de la Ley de Tierras Rurales de 2011. La iniciativa obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, por lo que deberá volver al Senado para su tratamiento.
El oficialismo logró avanzar con el texto gracias al respaldo de sus aliados y a las abstenciones de cinco legisladores vinculados al cordobesismo, integrantes de Provincias Unidas, y del diputado del PRO Álvaro González. La votación estuvo marcada por la estrecha diferencia entre las posiciones a favor y en contra del proyecto.
Uno de los puntos centrales de la modificación es la continuidad de la Ley 26.737, que establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. La normativa fija un máximo del 15% de propiedad extranjera sobre las superficies rurales a nivel nacional, provincial y municipal. De esta manera, el texto deja sin efecto la derogación dispuesta por el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei.
El capítulo referido a las tierras rurales recibió un amplio respaldo durante la votación en particular, con 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones. La decisión se produjo en medio de una serie de controversias judiciales sobre la vigencia de la ley, cuya derogación fue objeto de distintos planteos ante los tribunales, incluida la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa también introduce cambios en los procedimientos de expropiación: establece que deberán fundamentarse en una declaración específica de utilidad pública y contempla una indemnización previa calculada sobre el valor objetivo de mercado del inmueble, además del reconocimiento del lucro cesante. Este último punto generó cuestionamientos de sectores opositores, que advirtieron sobre un posible aumento de los costos para el Estado.
En materia de desalojos, el proyecto prevé procedimientos judiciales sumarísimos para acelerar la recuperación de inmuebles ocupados y establece un plazo de protección de diez días para personas en situación de vulnerabilidad. También incorpora modificaciones destinadas a modernizar el funcionamiento del Registro de la Propiedad Inmueble. Con los cambios aprobados en Diputados, el texto regresará al Senado, que deberá revisar la nueva versión antes de que pueda convertirse en ley.
