Este jueves por la mañana, en los Tribunales de Villa Constitución, se desarrolló una nueva audiencia imputativa en el marco de la causa que investiga una serie de denuncias por hechos de violencia en el Jardín Maternal “Manitos a la Obra”, que fue clausurado en enero pasado. El fiscal Ramiro Martínez solicitó la prórroga de las medidas alternativas a la prisión preventiva por otros 90 días, al tiempo que formalizó la ampliación de imputaciones, incorporando dos nuevos casos a la investigación.
De este modo, la causa alcanza un total de once hechos imputados bajo la figura de lesiones leves dolosas, en concurso con los nueve episodios ya expuestos en la audiencia de enero pasado. Según detalló el fiscal, los nuevos casos también involucran a niñas que se encontraban bajo la responsabilidad, cuidado y resguardo integral del personal del establecimiento, en un contexto que describió como de “conductas inadecuadas y violentas”.
Durante su exposición, Martínez hizo hincapié en el avance de la investigación, señalando que se incorporaron nuevas evidencias en las últimas semanas. Entre ellas, mencionó entrevistas realizadas en sede fiscal a familiares de las víctimas, informes escolares y evaluaciones de profesionales de la salud, tanto pediatras como psicólogos. También se refirió al análisis de los teléfonos celulares secuestrados, en busca de determinar el grado de conocimiento que tenían las implicadas sobre lo que ocurría en la institución. En ese punto, reveló que uno de los dispositivos —perteneciente a Pamela Díaz— fue hallado completamente borrado.
A diferencia de la audiencia anterior, en esta oportunidad ninguna de las imputadas hizo uso de la palabra, decisión que el juez aclaró que forma parte de sus derechos y no implica presunción alguna en su contra.
El fiscal remarcó que se trata de una “investigación compleja”, con once hechos que presentan mecánicas similares, incluyendo golpes, lesiones, insultos, gritos y situaciones de desatención. En relación al material audiovisual que forma parte de la causa, indicó que, además de los dos videos que tomaron estado público, existe un tercer registro que no fue difundido, en el que la víctima sería una niña con discapacidad. Según sostuvo, todos estos registros fueron captados por una auxiliar del jardín y habrían sido determinantes para que las familias tomaran conocimiento de lo sucedido.
En otro tramo de su intervención, el fiscal se refirió a declaraciones incorporadas en la audiencia anterior, que habrían generado puntos de tensión en la reconstrucción de los hechos, ya que una de las imputadas mencionó a una empleada municipal, indicando que la misma habría tomado conocimiento de la situación en diciembre a partir de comentarios verbales. En referencia a la entrevista que mantuvo con la trabajadora municipal, el Dr. Martínez comentó que ella aseguró que había visto los videos recién en enero, cuando estos se difundieron públicamente.
En el cierre de su exposición, el fiscal afirmó que la investigación “se ha robustecido” desde la primera audiencia imputativa y consideró que el plazo solicitado permitirá avanzar hacia una instancia definitoria, ya sea mediante la preparación de un juicio oral o la exploración de alternativas procesales.
Por su parte, el Juez de Menores de Primera Instancia de Distrito, Gabriel Fajardo, contextualizó la causa remarcando que los niños son sujetos especialmente protegidos por la legislación vigente y por la Constitución Nacional, en consonancia con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. “Estamos frente a una situación del orden penal de enorme complejidad”, expresó, al tiempo que advirtió que “no hay soluciones mágicas”.
El magistrado consideró razonable el pedido del fiscal y resolvió hacer lugar a la prórroga de las medidas cautelares, señalando que no resultan desproporcionadas frente al estado de la investigación. Asimismo, subrayó que estas decisiones no afectan la presunción de inocencia de las imputadas y que su fundamento es estrictamente preventivo y por un plazo limitado.
Finalmente, Fajardo destacó que la causa presenta avances y que existen elementos de convicción que, eventualmente, podrían habilitar instancias de acuerdo entre las partes en busca de una resolución del conflicto. De otro modo, se avanzaría en la preparación del juicio oral.
