La entidad expresó su preocupación por la media sanción del proyecto que modifica el Código Procesal Laboral, al considerar que reduce plazos, endurece requisitos y no resuelve los problemas estructurales del sistema de riesgos del trabajo.
La Delegación Santa Fe de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME) manifestó su profunda preocupación frente a la media sanción del proyecto de reforma al Código Procesal Laboral en materia de acceso a la justicia en Riesgos del Trabajo. A través de un comunicado difundido en las últimas horas, la entidad advirtió que las modificaciones introducidas generan mayores exigencias para quienes reclaman y complican aún más el cobro de indemnizaciones por parte de los trabajadores.
Uno de los puntos más críticos señalados por APYME es la drástica reducción de los plazos para accionar judicialmente. Según el texto del proyecto, el plazo de dos años que había sido establecido hace apenas cinco años se reduce ahora a solo 90 días. A esto se suman nuevas cargas procesales más intensas y costosas, como la exigencia de presentar informes médicos específicos, lo que a juicio de la entidad dificulta el acceso a una respuesta judicial eficaz.
“Lejos de reducir la litigiosidad, esta reforma vuelve más complejo el cobro de indemnizaciones por parte de los trabajadores y no soluciona los problemas de fondo del sistema”, sostiene el comunicado firmado por el presidente de APYME Santa Fe, Mario Galizzi, junto al asesor legal en derecho laboral, Diego Guirado, y otros miembros de la entidad.
La organización advirtió que el escenario actual comienza a repetir lo ocurrido hace más de 25 años, cuando el sector productivo pagaba para estar cubierto frente a los riesgos del trabajo pero igualmente terminaba enfrentando demandas civiles para responder por los daños. “Es decir, se pagaba el sistema y además se debía afrontar el reclamo”, subrayaron.
Según APYME, cuando el procedimiento administrativo de comisiones médicas se vuelve más complejo y restrictivo, y no reconoce adecuadamente las incapacidades o accidentes, los damnificados terminan optando por la vía civil. Allí, explicaron, encuentran un camino más accesible, con mayores plazos, menos requisitos y, en muchos casos, indemnizaciones más amplias.
La entidad reconoció que algunas iniciativas incluidas en la reforma, como el fortalecimiento del Observatorio de Riesgos del Trabajo, pueden resultar valiosas. Sin embargo, sostuvo que en los últimos años no se han corregido las deficiencias estructurales del sistema, sino que, por el contrario, se han profundizado.
“Las pequeñas y medianas empresas continúan pagando alícuotas costosas para sostener un sistema que no brinda respuestas adecuadas, ni en prevención ni en reparación, mientras aumentan los riesgos y la incertidumbre”, denunció APYME.
Finalmente, desde la delegación santafesina consideraron imprescindible avanzar hacia políticas que fortalezcan el entramado productivo, garanticen un acceso real a la justicia y construyan un sistema equilibrado que proteja a los trabajadores sin poner en riesgo la sostenibilidad de las empresas. “Un negocio a medida de las ART”, tituló la entidad su comunicado, en clara alusión a los beneficiarios de la reforma.
