Una empleada de la Oficina de PAMI en Villa Constitución se encontró con una inesperada sorpresa en medio de su jornada laboral. Estaba trabajando con normalidad hasta que se le bloquearon los accesos al sistema. Ahí empezó la incertidumbre, confirmando luego de manera indirecta, que habría sido desvinculada. La trabajadora no había recibido previamente el telegrama de despido, lo que generó un profundo malestar y desconcierto.
Este caso se enmarca en una medida más amplia que impactó en diferentes oficinas del PAMI en el país. En Rosario, por ejemplo, 12 trabajadores fueron cesanteados con la misma modalidad, lo que, según denunciaron empleados y gremios, obligó a suspender cirugías y servicios debido a la falta de personal. La situación también forma parte de un recorte generalizado que abarca unos 200 despidos en la administración central del organismo.
Según fuentes sindicales, “esta metodología de despidos sin aviso previo no solo vulnera derechos laborales, sino que también atenta contra la operatividad del organismo”.
La decisión de reducir personal fue justificada por las autoridades del PAMI en función de una supuesta necesidad de reestructuración administrativa. Sin embargo, desde las organizaciones gremiales cuestionaron la falta de criterios claros y el modo en que se implementaron las medidas. En ese sentido, sostienen que la reducción de personal no solo afecta a los trabajadores cesanteados, sino que también pone en riesgo la calidad del servicio para los jubilados y pensionados que dependen de estas prestaciones.
Los gremios anticiparon medidas de protesta y reclamos formales en defensa de los puestos de trabajo y de los derechos de los afiliados.
