La nueva norma impone contenidos mínimos para todos los niveles de la educación formal y no formal. La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, sostuvo que esta ley “tiene que servir para la acción climática urgente”.
Tras promulgar la Ley de Educación Ambiental Integral, el presidente Alberto Fernández dijo que la nueva norma propone un “cambio de paradigma para entender el desarrollo de otro modo”.
El mandatario explicó que, desde ahora, se impone “en cabeza del Estado, de los que educan y de todos los actores involucrados la obligación de educar a los chicos de que todo esto (referido al ambiente) tiene un valor superior”.
Al respecto, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, manifestó que “la etapa de la construcción de los contenidos” deberá “hacerse con los jóvenes, con movimientos campesinos, con los ambientalistas, con las universidades y eso le da un carácter muy especial a la ley”.
Por su parte, el titular de la cartera de Educación, Nicolás Trotta, ponderó el rol de los movimientos socioambientales que, durante décadas, apuntalaron en el ámbito educativo el proceso de debate en torno al cuidado del planeta.
Entre otros puntos, la norma -que cuenta con perspectiva de género- impulsará el reconocimiento de la «fragilidad» que «amenaza la sostenibilidad y perdurabilidad de los ecosistemas» y buscará que la educación ambiental esté «fundada en una ética que permita la construcción de un pensamiento basado en el respeto, la solidaridad, la integridad, la inclusión, la equidad y la igualdad».
La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, indicó que la Ley 27.621, que implementa la Educación Ambiental Integral en todo el país “tiene que ser un trabajo sostenido en las temáticas escolares y en la formación transversal de los docentes” para “lograr cambiar el paradigma neoliberal que dejo devastado nuestro suelo”.